“Paraules de la senadora Laura Castel davant l’OSCE”

Gracias presidenta.

Soy catalana. Catalunya es una nación que forma parte del Estado español.

El pasado 27 de septiembre de 2015, el pueblo de Catalunya votó, mayoritariamente, en concreto, el 47,8%, fuerzas políticas favorables a la independencia de Catalunya. Las fuerzas políticas contrarias a la independencia obtuvieron, en cambio, el 39%.

Durante los últimos años, más del 80% del pueblo catalán ha manifestado querer resolver este conflicto político mediante un referéndum acordado con el Gobierno español, como ha sucedido en el Reino Unido con Escocia, de manera que se permita, al pueblo de Catalunya -en el seno de una democracia consolidada como la española- decidir su futuro político.

Sin embargo, y a pesar de las peticiones enmarcadas en movilizaciones masivas, pacíficas y repetidas desde hacer cinco años, con la participación de más de dos millones de catalanes, el Gobierno de España se niega a acordar este referéndum.

Ante esta reiterada negativa, el Gobierno de Catalunya convocó una consulta participativa, sin consecuencias jurídicas, cuyo objetivo era dilucidar la voluntad de los catalanes en relación a su estatuto político futuro. Participaron 2.344.828 personas, de las cuales, el 80,76% votaron a favor de la independencia de Catalunya.

La reacción de las instituciones españolas ha sido la suspensión y posterior nulidad de esta consulta democrática, por parte de un Tribunal constitucional politizado; la exigencia de responsabilidades penales a miembros del Gobierno elegidos democráticamente, que solo cumplían el cometido electoral por el que fueron elegidos, e incluso, la exigencia de responsabilidades penales a la presidencia y a miembros de la mesa del parlamento catalán, por permitir debatir, repito, debatir, en sede parlamentaria, la independencia de Catalunya, violando las prerrogativas parlamentarias que toda democracia consolidada debería defender y proteger y conculcando los derechos de libertad de opinión, libertad de expresión, y derecho a la representación política.

El Gobierno español, pues, no permite canalizar la voluntad de la inmensa mayoría de catalanes, más del 80%, de decidir democráticamente su futuro político, mediante un referéndum acordado y legal. Actuando, de manera reiterada, en este asunto, contra los propios principios democráticos establecidos y aceptados por la OSCE.

Muchas gracias.

23 de febrero de 2017

Sobre l’autora:

Laura Castel, senadora d’ERC i membre de Sobirania i Justícia.

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